A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Puerto Berrío (Antioquia).

En este caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, en tanto las dos primeras autoridades mencionadas decidieron tomar las reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo.

En contraste, el otro despacho acató lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corporación en relación con la prohibición de suscitar conflictos de competencia con fundamento en reglas de reparto.

Considera la Corte que quien debe conocer la solicitud de amparo es la autoridad judicial a quien primero se le repartió el proceso, eso es, el Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, a quien se ordena remitir el expediente para que, de manera inmediata, lo tramite y adopte la decisión de fondo que corresponda.

A la precitada autoridad y a la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia se les advierte que, en lo sucesivo, deben observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que deben adoptar como jueces constitucionales.

Al Juzgado del municipio de Puerto Berrío se le advirtió que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el expediente a las autoridades judiciales previstas para ello en la Ley 270 de 1996, de acuerdo con las reglas compiladas en el Auto 550/18.